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Enferma y es despedido por Mercadona
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* 26 de Octubre de 2005, 11:47:56 am
Sentencia Tribunal Superior de Justicia  Comunidad Valenciana núm. 2223/2003 (Sala de lo Social, Sección 1ª), de 28 mayo

Después de trabajar unos años en Mercadona, comete el "delito" la trabajadora de ponerse mala, así pues Mercadona continúa en su línea contra los derechos de las mujeres

R.C. Sent. 611/03

Recurso contra Sentencia núm. 611/03

Ilma. Sra. Dª. María Mercedes Boronat Tormo

Presidente

Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Lluch Corell

Iltmo. Sr. D. Jesús S Andrada

En Valencia, a veintiocho de Mayo de dos mil tres

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados citados al margen, ha dictado la siguiente,

SENTENCIA Nº 2223/2003

En el Recurso de Suplicación núm. 611/03, interpuesto contra la sentencia de fecha 20 de Diciembre de 2002, dictada por el Juzgado de lo Social núm. 16 de Valencia, en los autos núm. 13162/02, seguidos sobre Despido, a instancia de D. Alexander , asistido del Letrado L. I. Martí, contra Mercadona. asistido del Letrado Esther Maritnez, y en los que es recurrente el demandado, habiendo actuado como Ponente el/a Iltmo. Sr. D. Jesús S Andrada.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La sentencia recurrida de fecha 20 de Diciembre de 2002, dice en su parte dispositiva: "FALLO: "Desestimando la excepción de caducidad opuesta por la demandada y estimando la demanda interpuesta por D. Alexander contra la empresa Mercadona, declaro improcedente el despido de la parte actora de fecha 22-7-02 y condeno a la empresa demandada a que a su opción, que deberá manifestar por escrito o comparecencia en la Secretaría de este Juzgado dentro de los CINCO DIAS siguientes a la notificación de la presente y con la advertencia de que si nada manifiesta se entenderá que opta por la readmisión, readmita al trabajador demandante o le abone una indemnización de 4.950'75 euros y, en caso de producirse la readmisión, a que le abone los salarios desde el despido a la notificación de la sentencia a razón de 30'75 euros diarios sin perjuicio de la posibilidad de las deducciones y descuentos a que se refiere el artículo 57 del Estatuto de los Trabajadores y todo ello, además sin perjuicio de autorizar a la empresa la imposición al trabajador de sanción por una falta grave."

SEGUNDO.- Que en la citada sentencia y como HECHOS PROBADOS se declaran los siguientes: "PRIMERO.- La parte actora D. Alexander , venía prestando servicios por cuenta de la empresa demandada, Mercadona que cuenta con Convenio propio, desde el dia 16-12-98, con categoría de Gerente A y salario diario de 30'75 euros con inclusión de parte proporcional de extraordinarias. SEGUNDO.- Fue despedida con efectos de 22-7-02 mediante comunicación escrita de la demandada, entregada el mismo dia, en la que así se le indicaba y cuyo tenor se da aquí por reproducido en cuanto transcripción de lo imputado. TERCERO.- La demandante no ostentaba al ser despedido, ni había ostentado en el año anterior la condición de Delegado de Personal, miembro del Comité de Empresa o Delegado Sindica. CUARTO.- En fecha 8-8-02 presentó papeleta de conciliación en impugnación de despido, celebrándose el acto de conciliación ante el SMAC el 9-9-02 con el resultado de "sin avenencia" y el 13-9-02 presentó la demanda. El 9-8-02 había solicitado asistencia jurídica gratuita, emitiéndose el 20-8-02 resolución provisional (pendiente de confirmar por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita) designádole Letrado de Turno de Oficio, sin que conste cuando se notificó la misma al actor, manifestando él que la recibió el 9-9-02. QUINTO.- El actor faltó al trabajo sin que conste justificación los dias 15 y 16 de julio 02. También faltó los 6 dias en mayo y los 7 en junio, que se detallan en la carta de despido, pero en estos casos fue debido a problemas digestivos, rinitis, y faringitis en mayo y a las consecuencias físicas de un accidente en moto que tuvo el 5 de junio con recomendación médica de reposo, habiendo estado en contacto con el Médico de empresa que conoció los procesos y estuvo conforme con las ausencias, siendo costumbre en la empresa no tramitar bajas con parte oficial en tales casos de conformidad del Médico de Empresa.".

TERCERO.- Que contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandada, que fue impugnado por la representación contraria. Recibidos los autos en esta Sala, se acordó la formación del rollo correspondiente y su pase al Ponente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Disconforme con la sentencia del Juzgado de lo Social nº 16 de Valencia, de 20 de diciembre 2002, interpone recurso de suplicación la representación Letrada de la demandante, con dos motivos, el primero, para cuestionar la relación fáctica, debidamente amparado en el artº. 191. b) de la Ley de Procedimiento Laboral, desde ahora LPL, con la pretensión de suprimir en el hecho probado octavo la frase "sin que conste cuando se notificó la misma al actor, manifestando él que la recibió el 9-9-02", con indicación de documental, pero de tal documental no se infiere su propuesta y siendo tal constancia determinante de la prosperabilidad del motivo, como reiteradamente mantiene esta Sala, SS. 28 junio, 1 y 7 julio y 27 octubre 1999, 17 enero, 2 marzo y 27 julio 2000, 11, 13 abril 2001 y 9 de enero 2002, entre otras muchas, citando sentencias de la Sala IV del Tribunal Supremo, 19 y 21 de diciembre 1998, procede la desestimación de este primero examinado.

SEGUNDO.- Articula el recurrente un segundo motivo de suplicación, al amparo del apartado c) del artº. 191 LPL, para examinar las infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia, invocando, la infracción del artº. 59. 3 del Estatuto de los Trabajadores, desde ahora ET y el artº. 65. 1 y 103. 1 LPL, al entender que estimado su motivo anterior, en la fecha de la presentación de la demanda se había producido la caducidad del despido, motivo que no puede ser acogido, habiendo sido despedido con efectos de 22 de julio 2002, presentando la papeleta de conciliación el día 8 de agosto, solicitando asistencia jurídica gratuita el 9 de agosto, sin que conste la designación de Letrado de Oficio hasta por lo menos el 9 de septiembre, presentando la demanda el 13, en tal fecha tan solo habían transcurrido 17 días, sin que por tanto se hubiese producido la caducidad de la acción, pues la caducidad constituye una de las causas legales que impiden un pronunciamiento sobre el fondo, siendo su cómputo una cuestión de mera legalidad ordinaria, que puede afectar a un derecho fundamental cuando a consecuencia de error o de interpretación arbitraria o irrazonable se entienda como desmesuradamente formalista, STC 88/97,RTC 88. De este modo se viene entendiendo que los requisitos procesales, no tienen sustantividad propia sino que "constituyen medios orientados a conseguir ciertas finalidades en el proceso, de forma que sus eventuales anomalías, cuya valoración corresponde a los órganos judiciales, no pueden ser convertidos en meros obstáculos formales impeditivos de una respuesta judicial o de la continuación del proceso, resultando obligada una interpretación presidida por un criterio de proporcionalidad entre la finalidad y entidad real del defecto advertido y las consecuencias que de su apreciación puedan seguirse para la efectividad del derecho a la tutela judicial...", STC 104/97, de 2 de Junio que aplica lo que entiende es doctrina ya reiterada en SS. 17/95; 118/87; 24/91 y de esta Sala, de 19 de enero 1999, nº 133. La aplicación de la anterior doctrina al presente supuesto debe llevar a entender que efectivamente el artº. 16 párrafo cuarto de la ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, interpretado conjuntamente con el resto del precepto, establece, si bien en directa referencia a la prescripción de la acción, que su cómputo se interrumpe desde la solicitud de abogado de oficio, y se reanuda desde la notificación al solicitante de la designación provisional de abogado,,,, y, en todo caso, en el plazo de dos meses desde la presentación de la solicitud", constituyendo esta previsión una manera de salvaguardar el derecho de quien, solicitando en tiempo y forma el derecho, resulta perjudicado por el transcurso del estricto plazo legal (15 días) sin respuesta del Colegio de Abogados, como aquí ha ocurrido al ser notificada la designación más tarde, notificaciones que el Colegio de Abogados efectúa por correo ordinario, de modo que no resulta posible acreditar ni la recepción de dicha notificación, ni la fecha en que ésta se produjo. La previsión que la norma efectúa al plazo de dos meses de la solicitud, no resultará apreciable, según el párrafo quinto, cuando la petición sea denegada o fuere abusiva o esté preordenada a dilatar los plazos, por lo que debe considerarse aplicable en el resto de supuestos en que falta la necesaria diligencia del citado Colegio de Abogados en el cumplimiento de las formalidades de tiempo y forma, necesarias para la adecuada garantía de los derechos de quien, como en el presente caso, tiene atribuido por ley, el derecho a litigar gratuitamente, por lo que se estima que a falta de estricta previsión normativa, respecto a la suspensión del plazo de caducidad, debe resultar aplicable por asimilación legal, el establecido para los supuestos de prescripción, que la Ley 1/ 1996 prevé expresamente sea el de dos meses cuando el exceso en el cumplimiento de los estrictos plazos no le sea atribuible al solicitante, como recogió esta Sala, en sentencia de 23 de mayo 2002, núm. 3234/02 y es el caso que nos ocupa, por lo que la apreciación de un plazo inferior por el Juez de Instancia, el manifestado por el actor, no puede entenderse como arbitraria o exenta de cobertura legal, por lo que al haber sido de esta manera entendido, la sentencia no infringió precepto alguno, sino que los aplicó debidamente, debiendo ser desestimado el motivo y el recurso, con confirmación de la resolución, condenando a la recurrente a la pérdida del depósito efectuado para recurrir, cuando la sentencia sea firme, debiendo mantenerse los aseguramientos prestados hasta que el condenado cumpla la sentencia o en cumplimiento de la misma se proceda a su realización, artº. 202. 1 y 3 de la LPL, condenándole en costas artº. 233. 1 del referido Texto Procesal.

Vistos los artículos citado y los demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por la representación letrada de MRECADONA, S.A., contra la sentencia del Juzgado Social n° 16 de Valencia, de fecha 20 de diciembre 2002, recaída en los autos promovidos por D. Alexander , debiendo confirmar y confirmando dicha resolución, condenando a la recurrente a la pérdida del depósito efectuado para recurrir, cuando la sentencia sea firme, debiendo mantenerse los aseguramientos prestados hasta que el condenado cumpla la sentencia o en cumplimiento de la misma se proceda a su realización, condenándole en costas, en las que se deberá incluir la cantidad de 150 euros en concepto de honorarios del Sr. Letrado impugnante del recurso.

La presente Sentencia, que se notificará a las partes y al Ministerio Fiscal, no es firme; póngase certificación literal de la misma en el rollo que se archivará en este Tribunal y también en los autos, que se devolverán al Juzgado de procedencia tan pronto adquiera firmeza para su ejecución.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- La anterior Sentencia ha sido leída en audiencia pública por el/a Ilmo/a Sr/a Magistrado/a Ponente que en ella consta en el día de su fecha, de lo que yo, el Secretario, doy fe.

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